by Yudy Tunjano G.

La corrupción emerge como una sombría amenaza que socava la esencia misma de la ética, afectando directamente el engranaje del gobierno corporativo a nivel local y regional. La crisis de corrupción vinculada a Odebrecht se erige como un suceso de resonancia global, dejando una impronta en 11 naciones latinoamericanas y 3 africanas. La envergadura de este acontecimiento rebasó toda previsión, llevando consigo condenas que alcanzaron a figuras prominentes en la región, incluyendo al expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, entre otras destacadas figuras políticas. Sus raíces profundas plantean cuestionamientos sobre la integridad a decisiones adoptadas por aquellos involucrados.

Se calcula que se desembolsaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos para asegurar la obtención de contratos, lo que establece este escándalo de corrupción como uno de los más cuantiosos a nivel mundial (Birkett & Fontecilla, 2017).

En el contexto colombiano, se estima que pagos ilícitos por más de 12 millones de dólares fueron realizados para obtener contratos en el país, involucrando proyectos emblemáticos como el segundo tramo de la Ruta del Sol y la vía Ocaña-Gamarra (Betín, 2018). Estos proyectos, financiados por Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval, resultaron en la condena de José Elías Melo, ex presidente de esta empresa, quien junto a directivos de Odebrecht participó en el pago de sobornos para asegurar estos contratos. Esta situación llevó a su condena a 11 años y nueve meses de prisión por cohecho y celebración indebida de contratos, además de involucrar la responsabilidad de la empresa en este escándalo.

Esta coyuntura generó una intensa tormenta mediática en Colombia, incluso promoviendo un boicot al Grupo Aval y sus empresas afiliadas, incluyendo Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, BAC Credomatic y Corficolombiana. Los usuarios fueron instados a retirar fondos y cancelar servicios con estas instituciones bancarias. La magnitud fue tal que la vicepresidenta en ese entonces tuvo que apaciguar los ánimos llamando a la calma y acusando a los impulsores del boicot de intentar crear pánico económico (El País, 2018).

En el ámbito político, de acuerdo con informes de medios colombianos, Odebrecht sobornó a dos campañas presidenciales, 11 congresistas y otras 55 personas entre particulares y funcionarios. De los 68 involucrados, tres han sido condenados y 38 enfrentan procesos judiciales en curso. Recientemente, el exsenador Otto Bula salió de prisión después de haber sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht por valor de US$4,6 millones, siendo recibido en su localidad natal de Sahagún, Córdoba, como si fuera un héroe de guerra.

El resurgimiento de este caso viene a raíz de la multa impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos al Grupo Aval y Corficolombiana, ascendiendo a 80 millones de dólares. Esta sanción es resultado de un «acuerdo de acusación diferida«, un pacto entre el Grupo Aval y las autoridades estadounidenses, en el que aceptaron haber infringido las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

En Colombia, se inicia una nueva fase judicial con la promesa de recibir pruebas de Estados Unidos. La Fiscalía ya anunció su intención de presentar cargos contra más de 50 personas, incluyendo a 33 funcionarios y ex funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y directivos de Odebrecht en Colombia, por supuestas irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol II.

Respecto a la multa, Charles Cain, jefe de la FCPA, explicó que ««los entornos de control laxos son un terreno fértil para la malversación, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación justificativa y contratos de servicios vagamente descritos«.

Durante el estallido inicial del escándalo, en 2016, La crisis reputacional resultante generó desconfianza de los inversionistas y el público en general hacia el Grupo Aval y sus subsidiarias, perdiendo casi el 50% del valor accionario. Como respuesta, la empresa tuvo que tomar medidas para abordar estos acontecimientos, incluyendo la cooperación con investigaciones y la implementación de medidas de transparencia y cumplimiento más rigurosas.

En esta nueva crisis, el mercado accionario volvió a contraerse tanto en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como en Wall Street. En la BVC, las acciones preferenciales de la compañía experimentaron una caída del 2,31%; mientras que, en el mercado bursátil de Nueva York, el ADR de la empresa disminuyó a US$2,62. Este hito evidencia cómo la crisis de Odebrecht continúa teniendo repercusiones, desencadenando nuevas etapas judiciales y obligando a las empresas a adoptar medidas más estrictas para asegurar la transparencia y el buen gobierno corporativo, que serán evaluadas en el mediano plazo por la SEC para poder cerrar el caso definitivamente.

En este contexto, es crucial analizar de qué manera estas malas prácticas trascienden los muros de las empresas y afectan directamente la economía nacional y regional; y cómo los controles implementados por empresas y gobiernos pueden garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones.

La interconexión entre las malas prácticas de Gobierno Corporativo y el tejido económico regional es innegable. Por un lado, estas prácticas erosionan la confianza de los inversionistas y los stakeholders, debilitando el entorno de inversión y generando una espiral de incertidumbre. La falta de transparencia y la mala gobernanza pueden dar lugar a decisiones financieras arriesgadas e incluso a fraudes, lo que resulta en una degradación de la salud financiera de la empresa y su capacidad para generar empleo y contribuir al desarrollo económico local.

Además, la reputación de la región como destino de inversión se ve afectada negativamente por los escándalos de corrupción y malas prácticas, disuadiendo a los inversionistas potenciales y limitando las oportunidades de crecimiento. Esto a su vez repercute en la competitividad global de la región y en su capacidad para atraer inversiones y generar riqueza.

Frente a este panorama, la implementación de controles eficaces se convierte en una necesidad apremiante. Las empresas deben asumir la responsabilidad de establecer políticas de Gobierno Corporativo sólidas, que promuevan la transparencia en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la ética en todas las operaciones. La adopción de códigos de conducta, la implementación de sistemas de reporte y auditoría interna, y la promoción de una cultura organizacional de cumplimiento basada en valores éticos son pasos esenciales para fortalecer la gobernanza empresarial.

Por otro lado, los Estados, los Gobiernos tienen un papel fundamental en la creación de marcos regulatorios sólidos y en la supervisión efectiva de las empresas. La implementación de regulaciones que exijan la divulgación de información financiera y operativa, así como la imposición de sanciones proporcionales por prácticas ilícitas, son pasos cruciales para mantener a raya la corrupción y promover la transparencia.

Por último, ante los impactos profundos de estos casos de corrupción, es crucial que la sociedad civil no permanezca pasiva. El ejercicio del derecho a la veeduría ciudadana se convierte en una herramienta esencial para construir un entorno donde la transparencia y la ética prevalezcan. Como ciudadanos comprometidos, es nuestra responsabilidad exigir la rendición de cuentas, supervisar las actuaciones de las instituciones y promover una cultura de integridad. Solo a través de una colaboración activa y constante podremos sentar las bases de una sociedad más justa y resistente a los embates de la corrupción.