En el último informe sobre el Índice Anti lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML) que publicó el Instituto de Basilea el pasado mes de julio, afirma que la trata de personas es la tercera fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado después del tráfico de drogas y armas, generando aproximadamente 150 mil millones de dólares en ganancias cada año[1].

Es una actividad criminal de la que todos podemos ser testigos en algún momento sin darnos cuenta. La trata de personas es un delito en el que la víctima está a merced de otra persona con fines de explotación, no es tan perceptible para el ciudadano común como el narcotráfico o el tráfico de armas debido a la capacidad del crimen organizado para ocultar sus operaciones, al sometimiento de las víctimas que les impide denunciar y acceder a la justicia, entre otras razones.

Latinoamérica es una de las regiones con mayor número de casos. Según el Informe Global sobre Trata de Personas del año 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD)[2] dos de los factores de riesgo identificados golpean particularmente a la región.

Los conflictos armados y las crisis sociales de los últimos años han incrementado la vulnerabilidad a la trata de personas debido al debilitamiento del estado de derecho que ocasiona. Además, incrementan la cantidad de personas en situaciones desesperadas en que se combina la precariedad económica y con el limitado acceso a los servicios básicos ocasionando que puedan ser fácilmente explotadas. El segundo factor, son los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos; y, el trágico éxodo de migrantes venezolanos hacia otros países de Latinoamérica que hacen que el riesgo de explotación, especialmente sexual y de trabajos o servicios forzados aumente, siendo las mujeres y las niñas las principales víctimas.

Por ejemplo, las autoridades en Colombia han señalado que en 2019 la explotación sexual de migrantes venezolanas fue la causa del 74% de los casos de trata de personas y que el 87% de ese total estaba constituido por mujeres de diferentes edades. Las cifras son similares en otros países de América Latina.

La mayoría de las veces las víctimas son captadas mediante engaño, con ofertas laborales fraudulentas de mafias que les ofrecen empleos en el exterior con llamativas remuneraciones económicas, vivienda y traslado al nuevo destino. No obstante, cuando llegan al destino ofrecido, estas mujeres son despojadas de sus documentos de identidad, incomunicadas, encerradas, sometidas a múltiples y diversas formas de violencia, para luego venderlas como mercancía. Luego, las aterrorizan con atentar contra su integridad o la de su familia, lo que las obliga a mantenerse en el negocio impávidas sin poder denunciar ni defenderse. Y, en algunos casos en los que aquellas mujeres logran escapar y denunciar los hechos de tráfico ilegal a la justicia, se tienen que enfrentar a procesos legales donde se les ha cuestionado o indagado su vida sexual pasada, exponiéndose a la revictimización y al sometimiento de nuevos martirios, pero por parte de los mismos Estados.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que para mayo de 2020 ha sido ratificado por 176 estados, constituye una importante herramienta para facilitar la cooperación internacional, principalmente en cuanto al manejo de información para lograr la investigación, judicialización y condenas de las bandas criminales dedicadas a estos delitos. Para mejorar la respuesta judicial contra la trata de personas, la ONUDD desarrolló un programa de capacitación para fiscales y magistrados en la región. Un esfuerzo que empieza a dar sus primeros resultados.

En septiembre de 2018, un tribunal colombiano pronunció la primera condena por trata de personas con fines de servidumbre doméstica en contra de una colombiana que explotaba a una mujer indígena de 18 años. El fiscal que investigó el caso había sido capacitado por la ONUDD. El tráfico ha alcanzado dimensiones asombrosas en todo el mundo. Resolver este problema y llevar alivio a sus muchas víctimas sólo será posible mediante esfuerzos cooperativos entre los diversos gobiernos, y también entre los gobiernos y la sociedad civil, incluidas las ONG.

El tráfico para fines de explotación sexual trae irreversibles consecuencias a las mujeres. Estas quedan expuestas a todo tipo de enfermedades de trasmisión sexual y VIH, sufren ataques físicos por parte de los clientes, son atacadas sexualmente por los reclutadores, tienen que lidiar con constantes amenazas o intimidaciones por todo el periodo que permanecen en régimen de esclavitud sexual, además de destinar todo el dinero que recaudan para pagar la deuda contraída con los proxenetas. ¡Es urgente que nos movilicemos y actuemos para contrarrestar este delito!.

[1] https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index [2]https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2019/January/la-trata-de-personas–una-herramienta-de-los-grupos-armados-para-financiar-sus-actividades_-informe-de-unodc.html?ref=fs1