El informe, Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) fue publicado recientemente en forma conjunta por Control Risks y la Américas Society/Council of the Americas (que publica AQ), que en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los 15 países de América Latina en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.

El Índice CCC examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia. El estudio se realiza utilizando datos públicos y con resultados de encuestas propias en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores, como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación.

En general, el informe señala que la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores. Continuó la ampliamente documentada erosión de las instituciones democráticas en algunos países, y hubo una preocupante disminución de la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países. Los errores y abusos denunciados y percibidos que cometieron varios fiscales y jueces de alto nivel en los últimos años también han contribuido a que disminuya el apoyo popular al movimiento anticorrupción que surgió en gran parte de América Latina a mediados de la década de 2010.

 

Por tercer año consecutivo, Uruguay, Costa Rica y Chile, son los mejores evaluados, han permanecido allí desde el año 2020, atribuido, según el informe, a la calidad general de la democracia y a la fortaleza de sus instituciones políticas. Los dos mayores países y economías de América Latina, Brasil y México experimentaron los descensos más pronunciados desde 2019, ubicándose en un 13% y un 22%, respectivamente.

Respecto al caso de Guatemala, el estudio determinó que el país sufrió retrocesos en las tres categorías analizadas, pero el más significativo fue una disminución del 17% en la capacidad legal. Medidas adoptadas por el presidente Alejandro Giammattei llevaron al país a registrar descensos pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la fiscalía general.

Perú se ubicó en la cuarta posición del Índice, mantuvo su clasificación relativamente alta, ya que la Justicia siguió mostrando independencia, incluso después de investigar a varios presidentes en los últimos años, incluido el actual, Pedro Castillo. La semana pasada, el mandatario compareció ante los fiscales en el marco de una investigación sobre si dirigió una supuesta conspiración delictiva relacionada con sobornos para la obtención de contratos de obras públicas.

En el ranking del Índice a Perú le siguen República Dominicana y Argentina. La nación caribeña registró el mayor aumento en su puntuación, luego de que el presidente Luis Abinader propuso una ley para promover una mayor transparencia en los contratos públicos, entre otras reformas.

Argentina, por su parte, redujo su rendimiento un 2%, continuando así su trayectoria descendente en los últimos tres años. Según el informe, los avances en la lucha contra la corrupción “siguen siendo lentos”, y recordó que la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está imputada en múltiples investigaciones por corrupción.

Por su parte, Colombia ha tenido una pequeña mejora en su puntuación general. Cayó del séptimo al octavo lugar en el Índice. Colombia avanzó ligeramente en las categorías de sociedad civil y medios de comunicación y de capacidad legal, pero descendió un 6% en la categoría de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde 2019 y quedando por detrás de la media regional.

Dentro de la categoría de capacidad legal, Colombia tuvo un retroceso del 20% en la variable que evalúa los organismos anticorrupción. Durante el mandato del presidente Iván Duque, la independencia de las oficinas de la Contraloría General de la República y de la fiscalía general de la Nación ha sido ampliamente cuestionada.

En enero, Duque promulgó un proyecto de ley anticorrupción de amplio alcance que aborda el papel de las empresas privadas en la facilitación y en la lucha contra la corrupción. Las nuevas medidas aumentan la probabilidad de que las empresas sean objeto de investigaciones por corrupción, pero algunos observadores afirman que la ley no aborda adecuadamente la influencia de los intereses especiales que existen en el gobierno ni las deficiencias del sistema judicial.

Colombia registró un descenso del 21% en la variable que evalúa la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas en un año electoral clave. El presidente electo, Gustavo Petro, ha propuesto reformas anticorrupción como legislación para la protección de denunciantes de corrupción, presupuestos participativos y mejor vigilancia de la contratación pública. Petro ha anunciado planes para crear una fiscalía anticorrupción y una comisión internacional para investigar casos de corrupción pasados.

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso cambiaría la forma de elegir al fiscal general para aumentar su independencia.  Actualmente, la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general a partir de una lista presentada por el presidente. Con esta reforma constitucional, el presidente seleccionaría un candidato de una lista preparada por la Corte Suprema de Justicia.

Panamá mejoró su puntuación y clasificación en el Índice. El informe remarca que el gobierno ha intentado sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias en materia de antilavado de activos y combatiendo el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Agrega que, en agosto de 2020, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un grupo de trabajo formado por funcionarios panameños que recibirán formación del FBI para atacar las redes de blanqueo de capitales y perseguir la corrupción. Además que, la ley de registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas ha sido un gran avance, al igual que la ley que establece una plataforma digital pública de los proyectos de adquisiciones gubernamentales.

Venezuela y Bolivia, por su parte, se mantienen como los países con peores índices. Respecto al país caribeño, el informe sostiene que “la independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia en abril”, maniobra que utilizó el dictador Nicolás Maduro para ubicar a una aliada cercana como presidenta del tribunal.

Con relación al caso boliviano, el Índice advierte sobre retrasos en la implementación de las reformas judiciales recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recordó, además, las denuncias de la comunidad internacional sobre la politización en el seno del sistema judicial, en particular en la causa de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada a diez años de prisión.

El informe concluye que muchos de los miembros de la generación actual de fiscales, jueces y otros integrantes del sistema judicial, “están haciendo frente con valentía a los vientos autoritarios que soplan de nuevo en algunos países”.