Yudy Tunjano G.
Abogada, Master Compliance Officer.
Para entender el significado del Índice de Corrupción 2018 que la Organización para la Transparencia Internacional ha realizado recientemente, primero hay que aclarar que la puntuación de un país/territorio muestra la percepción sobre el nivel de corrupción del sector público, es decir, corrupción administrativa y política, en una escala de 0 a 100, donde 0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 significa que se lo percibe como muy transparente. Y, la posición de un país indica el puesto que ocupa respecto de otros países/territorios incluidos en el índice. La posición puede cambiar por algo tan simple como que se modifique la cantidad de países incluidos en el índice.
La clasificación a la baja dentro de Índice de los países de América no es una sorpresa. Basta revisar el elevado número de gobiernos populistas y autoritarios que, con sus estilos de liderazgo, empobrecen los sistemas democráticos y disminuyen los derechos políticos de sus ciudadanos. Estos gobiernos en muchas ocasiones han iniciado con promesas públicas y enfoques simplistas de «mano fuerte» para resolver problemas sociales profundos y complejos, incluida la corrupción, promesas que se han transformado en miseria, aumento de la corrupción, influencia de privados, etc., para beneficio de unos pocos intereses.
Muestra de lo anterior es el caso de Nicaragua. La caída de 4 puntos en el ranking de transparencia en los últimos años, refleja la pobrísima gobernabilidad de más de una década del presidente Daniel Ortega como lo muestra el panorama político del país. Ortega controla la mayoría de las instituciones democráticas del país, en las que ha eliminado su eficacia e independencia. Se ha visto como en el último tiempo reprimió los derechos políticos de sus ciudadanos, quienes a pesar de una violenta represión han salido a las calles en un número abrumador para protestar contra su gobierno autoritario.
No tan grave como Nicaragua, pero especial y preocupante, es la fuerte disminución del puntaje de Chile en materia de anticorrupción, teniendo en cuenta que ha sido ejemplo de progreso, dinamismo y avance en América. Los últimos escándalos de corrupción en sectores tradicionalmente conservadores y respetados en la sociedad chilena, han mermado la credibilidad y confianza de sus ciudadanos.
Colombia bajó un punto respecto de 2017 quedando en 36 puntos y aumentó su ranking de corrupción a 99 reflejando los graves escándalos de corrupción, en todos los niveles, que se han venido conociendo y parecen no tener fin. En específico, Transparencia por Colombia ha recomendado realizar cambios en los procesos de financiación de las campañas políticas; establecer mecanismos para garantizar la meritocracia en las elecciones de la Rama Judicial; fortalecer los organismos de control y los sistemas de contratación pública; y aumentar con control la autonomía a las entidades territoriales para evitar que los recursos públicos caigan en manos de corruptos como ha sido la tendencia.
Por su parte, la percepción de corrupción en Panamá continua con 37 puntos al igual que el año anterior.
La Organización para la Transparencia Internacional hace especial mención en su informe en los avances que presentaron Ecuador, El Salvador y Argentina, pues a pesar que sus puntajes siguen siendo bajos, 34, 35 y 40 respectivamente, mejoraron sus clasificaciones en corrupción respecto de 2017. Señala que sus sistemas de justicia han avanzado en las investigaciones en casos de corrupción contra personajes de la vida pública que, en otros tiempos, hubieran sido intocables.
No obstante, los retos siguen siendo muy grandes para todos los países de nuestro continente en materia de imparcialidad de sus sistemas judiciales, libertad de prensa y acceso a la información de sus ciudadanos, para que entre todos sean capaces de exigir la responsabilidad de los que están en el poder.
En una región afectada seriamente por la corrupción y la informalidad en el sector público, los esfuerzos por establecer normas y procedimientos para mantener la integridad en el sector privado, cobra valor con los planes integrales de compliance que blinden las empresas más allá de lo estrictamente obligatorio.
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