Tras abandonar la Unión Europea, el Reino Unido, uno de los principales centros financieros internacionales, adoptó a mediados del año pasado un nuevo sistema independiente de sanciones contra los autores de violaciones de derechos humanos, que ahora ha complementado con una parte específica contra la corrupción.

El ministro de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido anunció el nuevo Régimen de Sanciones Globales Anticorrupción a finales del mes de abril pasado, señalando que: «Nuestra condición de centro financiero mundial nos convierte en un lugar atractivo para invertir, pero también nos convierte en un bote de miel, un pararrayos que atrae a actores corruptos que buscan blanquear su dinero sucio a través de bancos o empresas británicas«.

El nuevo régimen anticorrupción, autoriza al Gobierno británico a emitir órdenes punitivas dirigidas a congelar activos y prohibir la entrada en el país de individuos acusados o sospechosos de casos graves de corrupción, incluidos soborno y apropiación de fondos o activos públicos.

Las primeras sanciones se aplicaron en coordinación con Estados Unidos a 22 personas implicadas en casos graves de corrupción en seis países, entre ellos Rusia, Sudáfrica, Sudán del Sur y varios países de América Latina. De los primeros sancionados, catorce tienen nacionalidad rusa o son nacionales de países de la ex Unión Soviética y están relacionados con casos de evasión fiscal por un valor conjunto de doscientos treinta millones de dólares.

Entre los latinoamericanos hay tres funcionarios implicados en graves casos de corrupción en Honduras, Nicaragua y Guatemala, por haber participado en actividades de facilitación de sobornos en sus países.

En el caso de Honduras, se sancionó al parlamentario Óscar Ramón Nájera por un caso de corrupción en el que utilizó su posición para “facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas”, “minando seriamente el imperio de la ley y la confianza en las instituciones públicas de Honduras” señala el documento.

Al diputado guatemalteco, Felipe Alejos Lorenzana, se le consideró responsable de “utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos” beneficiándose de esas comisiones en un acto de corrupción.

En Nicaragua, el sancionado fue Francisco López, el tesorero del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a quien señala que como vicepresidente de Alba de Nicaragua (Albanisa), la subsidiaria de la estatal de petróleos de Venezuela, ha estado involucrado en casos de corrupción. «Durante su liderazgo fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados» enfatiza la condena.

Los tres políticos latinoamericanos ya estaban incluidos en las listas de sancionados por la administración estadounidense.

Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos a través de una nota de prensa elogió al Reino Unido por el establecimiento del Régimen Global de Sanciones Anticorrupción, señalando que: “el Régimen Global de Sanciones Anticorrupción fortalece los esfuerzos del Reino Unido para contrarrestar la corrupción a nivel mundial y complementa las iniciativas estadounidenses en curso, mejorando nuestra capacidad para cooperar y coordinar en programas de sanciones contra la corrupción y derechos humanos comparables, al programa de sanciones Global Magnitsky de EE. UU y a la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de Canadá, que se dirigen tanto a los abusadores de los derechos humanos como a los actores corruptos” y agregó que: “los actores corruptos y sus facilitadores no tendrán acceso a nuestros sistemas financieros, Estados Unidos espera continuar nuestra asociación con gobiernos de ideas afines y la sociedad civil por igual para defender los derechos humanos, combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas y el buen gobierno”.

La pandemia mundial de la COVID-19 ha proporcionado un claro recordatorio que el abuso del poder para beneficio privado puede costar a los ciudadanos su libertad, su salud, su vida, y su futuro. La corrupción socava cualquier perspectiva de desarrollo sostenible y es un desvío de la Agenda 2030 ya que contribuye significativamente a la pobreza, a erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y cohesión social, especialmente en contextos frágiles. Y, más importante aún, desvía recursos que podrían canalizarse hacia bienes públicos necesarios.

Por eso no es sorprendente, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hagan referencia específica a la anticorrupción, no sólo como parte del objetivo No 16 y sus metas en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones, sino también como una condición transversal para el logro de todos los demás ODS.

Los costos de la corrupción a nivel mundial son de proporciones épicas, según datos del Fondo Monetario Internacional, la corrupción desvía el 5% del producto interno bruto a nivel mundial que equivale a 2,6 billones de dólares que van para el beneficio de unos cuantos.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL esto es más del doble de lo que se requiere para brindar un ingreso básico de emergencia a todas las personas en América Latina que viven en pobreza extrema, población que alcanza unos 215 millones de personas, ósea el 34,7% de la población de la región viven en la extrema pobreza.

El Banco Mundial calcula que al año se evaden en pago de impuestos un millón de millones de dólares. ¿se imaginan lo que se podría resolver en términos sociales sólo con una parte de ese dinero?