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Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas

por | May 20, 2022 | Blog, Sistema de prevención | 0 Comentarios

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Hasta febrero de 2020, el GAFI ha revisado más de 100 países y jurisdicciones e identificado públicamente a 80 de ellos.

Cuando el GAFI somete a una jurisdicción a una mayor supervisión, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a una mayor supervisión. Esta lista a menudo se conoce externamente como la «lista gris».

En octubre de 2020, el GAFI decidió reanudar el trabajo, pausado debido a la pandemia de COVID-19, e identificar nuevos países con deficiencias estratégicas de AML/CFT y priorizar la revisión de los países listados con plazos vencidos o vencidos de los elementos del plan de acción. El GAFI revisó sus progresos en los siguientes países desde febrero de 2021: Albania, Barbados, Botsuana, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Marruecos, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Uganda y Zimbabue, presentando su informe el pasado 25 de junio de 2021. El documento presentado anuncia la inclusión de países como Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en esta lista, y el retiro de Ghana.

¿Qué son los países no cooperantes o de alto riesgo según el GAFI?

Son aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Por qué aparecen los países en la lista del GAFI?

Los países que están en la lista, indica el GAFI, es porque no cumplen con los estándares internacionales en esta materia, además de que se clasifica cuál es el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar las deficiencias detectadas.

Sobre la base de los resultados de la revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG), el GAFI identifica jurisdicciones con deficiencias estratégicas y los publica en documentos públicos que se emiten tres veces al año, llamados jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción y jurisdicciones bajo mayor control.

Clasificación del GAFI

En la primera clasificación, es decir, en los de alto riesgo, solo están dos países: Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Sobre su proceder frente a estos casos, el GAFI aclaró que “para todos los países identificados como alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una diligencia debida mejorada y, en los casos más graves, se pide a los países que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de la los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA / FT / FP) emanan del país». A esta lista a menudo se la denomina externamente la «lista negra».

Ahora bien, la lista se vuelve más robusta en los países denominados “jurisdicciones bajo mayor control”, pues actualmente, según el informe presentado el 25 de junio pasado, la conforman 22 países: Albania, Barbados, Botsuana, Burkina Faso, Camboya, Filipinas, Haití, Islas Cayman, Jamaica, Malta, Mauricius, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Sudan del Sur, Uganda, Yemen y Zimbabue.

Estar denominada como bajo mayor control quiere decir, según el GAFI, que el Gobierno y los organismos regionales del GAFI continúan trabajando conjuntamente mientras informan sobre el progreso realizado para abordar sus deficiencias estratégicas. Así, estos países deben cumplir y completar sus planes de acción de manera expedita y dentro de los plazos acordados.

A continuación, lo que señala el informe de los países de América Latina que hacen parte de la lista gris.

PANAMÁ

En el año 2014, Panamá fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No fue una novedad. De hecho, se había anticipado con la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de ese año, en el que señalaba que Panamá solo cumplía una 1 de las 40 recomendaciones que GAFI sugiere para combatir internacionalmente el delito de Lavado de Dinero o Activos. Se definió un plan de acción entre GAFI y Panamá en el que esta última se comprometió a cumplir 19 recomendaciones para reforzar los sistemas de supervisión y control de su sistema.

La inclusión del país en la lista gris del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.

En febrero del 2016, el organismo reconoció el cumplimiento de Panamá del plan acordado y aprobó la salida de la lista gris, proceso en el que Panamá debió aprobar leyes para inmovilizar la acciones al portador de las Sociedades Anónimas, ofreciendo certeza sobre la identificación de sus beneficiarios finales y, para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación armas de destrucción masiva, extendiendo la cobertura como sujetos obligados a nuevos actores económicos que debían cumplir la obligación de ejecutar la política de conocer al cliente e informar a las autoridades sobre operaciones sospechosas.

Igualmente se creó la Intendencia (hoy Superintendencia) que tiene a su cargo la supervisión de los sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, (abogados, contadores y notarios) referente a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A pesar del avance logrado en cuanto al fortalecimiento del marco legislativo sobre la prevención de lavado de dinero, la falta de efectividad en la supervisión de los sujetos obligados, principalmente los no financieros para combatir este delito, llevó a Panamá nuevamente a la “lista gris” del GAFI en el año 2019. Analistas coincidieron en que la decisión del GAFI pudo haber sido influenciada por la aprobación tardía de la ley que penaliza la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos.

La siguiente evaluación fue recién en febrero pasado, retrasada por la pandemia, en la que el GAFI decidió mantenerle el puesto en el grupo de naciones de seguimiento intensificado a Panamá. En la Resolución, el organismo reconoció que el país ha tenido avances, pero señaló que los plazos fijados para el cumplimiento de diversos requerimientos habían expirado.

De los 15 puntos del plan de acción, 5 estarían ampliamente cumplidos y 10 parcialmente. El presidente del GAFI dijo en una conferencia de prensa al término de la plenaria que Panamá ha tenido avances en el entendimiento de los riesgos de financiamiento del terrorismo y en el uso de efectivo en sectores de alto riesgo. Igualmente, que se tomaron acciones para la identificación del remitente son licencia y han incrementado el uso de los informes de la Unidad de Análisis Financiero UAF, para iniciar investigaciones sobre lavado de activos.

Entre las tareas pendientes, el GAFI señala que se requiere que Panamá mejore el entendimiento de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las personas jurídicas;

(1) fortaleciendo su comprensión del riesgo LA/FT de las personas jurídicas, como parte del sector corporativo e informando los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados;

(2) aplicar un enfoque basado en el riesgo a la supervisión de los sujetos obligados no financieros, y asegurar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas ante violaciones al régimen antilavado;

3) garantizar una verificación adecuada de la información actualizada sobre los beneficiarios finales por parte de los sujetos obligados y el acceso oportuno de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades off-shore, así como evaluar los riesgos existentes de un mal uso de las personas jurídicas y la implementación de medidas para evitar el mal uso de directores y accionistas; y

4) demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar los sistemas multilaterales relacionados con delitos fiscales extranjeros y seguir prestando una cooperación internacional constructiva y oportuna para esos delitos, y seguir centrándose en las investigaciones de los sistemas multilaterales en relación con las esferas de alto riesgo.

Para el GAFI, son estas las razones por las cuales este país está bajo mayor control, es decir, que esos puntos son los que se deben trabajar en mayor medida para certificar que se cumple con los estándares internacionales en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Aunque reconoce que este país ha progresado en estos temas, los plazos pactados con el Gobierno vencieron y este debe abordar las deficiencias estratégicas lo antes posible. El hecho de seguir en las listas negativas lastra la competitividad de Panamá.

HAITI 

Haití asumió un compromiso político de alto nivel de trabajar con el GAFIC para fortalecer la eficacia de su régimen de lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo. En particular trabajará en los siguientes aspectos para completar su plan de acción:

1) desarrollando su proceso de evaluación de riesgos de AML/FT y difundiendo las conclusiones;

2) facilitar el intercambio de información con las contrapartes extranjeras pertinentes;

3) abordar las deficiencias técnicas en su marco legal y regulatorio que impiden la implementación de medidas preventivas ALD/CFT y la implementación de la supervisión ALD / CFT basada en riesgos para todas las instituciones financieras y APNFD que se considere que constituyen un riesgo mayor de LA / FT;

4) asegurar que la información básica y sobre el beneficiario final se mantenga y sea accesible de manera oportuna;

5) asegurar un mejor uso de la inteligencia financiera y otra información relevante por parte de las autoridades competentes para combatir el LA y el FT;

6) abordar las deficiencias técnicas en su delito de LA y demostrar que las autoridades están identificando, investigando y procesando los casos de LA de una manera consistente con el perfil de riesgo de Haití;

(7) demostrar un aumento en la identificación, rastreo y recuperación del producto de los delitos;

(8) abordar las deficiencias técnicas en su delito de FT y régimen de sanciones financieras específicas;

(9) llevar a cabo un monitoreo apropiado basado en el riesgo de las Organizaciones sin fines de lucro vulnerables al abuso de financiación del terrorismo, sin interrumpir o desalentar las actividades legítimas de las ONG’s.

JAMAICA

Desde febrero de 2020, Jamaica asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar para fortalecer la eficacia de su régimen ALA/FT, y han tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT. No obstante, Jamaica debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, incluyendo:

(1) Una comprensión más integral de sus riesgos de LA/FT;

(2) incluir a todos los sujetos obligados financieros y APNFD en el régimen ALA/FT y garantizar una supervisión adecuada basada en riesgos en todos los sectores;

(3) tomar las medidas adecuadas para evitar que las personas jurídicas se utilicen indebidamente con fines delictivos, y garantizar que la información básica sobre los beneficiarios reales o finales sea precisa, actualizada y esté disponible de manera oportuna para las autoridades;

(4) tomar las medidas adecuadas para aumentar el uso de inteligencia financiera y aumentar las investigaciones y enjuiciamientos de LA, en línea con la evaluación de riesgo del país; y

(5) implementar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de las organizaciones no gubernamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo.

NICARAGUA

Desde febrero de 2020, Nicaragua asumió el compromiso de trabajar para fortalecer la efectividad de su régimen de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que conllevó a actualizar su evaluación nacional de riesgos.

No obstante, Nicaragua debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, en particular:

(1) difundir los resultados de su entendimiento del riesgo de LA / FT a las autoridades competentes y entidades relevantes del sector privado;

(2) llevar a cabo una supervisión eficaz basada en riesgos;

3) tomar las medidas adecuadas para evitar que las personas jurídicas sean utilizadas con fines delictivos.

1. Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas – Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (fatf-gafi.org)

2. Documentos – Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (fatf-gafi.org)

3.  Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

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